En la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo a aquellas que son dependientes, la ley ha desempeñado un papel fundamental. Sin embargo, es importante plantear una pregunta relevante en este contexto: ¿Qué sucede con las personas con discapacidad intelectual y su acceso al mundo laboral, en particular a un trabajo digno? ¿Pueden estas personas adaptarse a los sistemas competitivos del mercado laboral?
El primer sondeo «Percepciones ciudadanas hacia las personas con discapacidad» del Instituto UNAB de Políticas Públicas arroja datos interesantes. Por ejemplo, el 57% de los encuestados está de acuerdo en que las empresas privilegien la contratación de personas con discapacidad, mientras que un 36% muestra desacuerdo. Estos resultados reflejan una apertura hacia la inclusión, pero también ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en esta área.
Es fundamental ampliar nuestra comprensión de la economía en nuestra sociedad y fomentar la solidaridad hacia aquellos que dependen en mayor medida de la comunidad. Debemos buscar innovación y encontrar formas de proporcionar oportunidades reales y sostenibles a estas personas, respetando su dignidad. Esto implica promover una economía inclusiva que valore y promueva la colaboración y la solidaridad.
La creación de un sistema solidario que permita a las empresas abrir sus puertas a la inclusión laboral generará desafíos en la infraestructura social. Esto requerirá la colaboración de diversos actores, por ejemplo, al mundo académico, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial. Al unir fuerzas, podremos fortalecer la capacitación técnica, brindar apoyo socioemocional y fomentar una cultura laboral inclusiva.
El sondeo también revela una diferencia significativa en la percepción de la convivencia laboral entre personas con distintos tipos de discapacidad. Mientras que el 82% de los encuestados se sentiría cómodo si un compañero tuviera una discapacidad física, solo el 69% se sentiría cómodo en el caso de una discapacidad psíquica o mental. Esto pone de manifiesto la existencia de prejuicios arraigados y un desconocimiento en torno a las habilidades y potencialidades de las personas con discapacidad intelectual. Es crucial avanzar en la visibilización de esta realidad y crear espacios de desarrollo comunitario y socialización.
Es alentador que el 62% de los encuestados esté de acuerdo en que las personas con discapacidad que tienen un trabajo debieran contar con ciertas flexibilidades, como horarios laborales reducidos o más vacaciones. Esto demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de adaptar las condiciones laborales a las necesidades individuales de las personas con discapacidad.
Asimismo, el 87% de los encuestados cree que existen prejuicios hacia las personas con discapacidad. Esto indica que aún existe un desconocimiento generalizado acerca de las capacidades y contribuciones de estas personas. A pesar de los avances legislativos en materia de inclusión, como la Ley 20.422, la Ley 21.015 y la Ley 21.545, es necesario seguir promoviendo una mayor conciencia y educación en la sociedad para eliminar los prejuicios y promover una inclusión plena y efectiva.
La inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual plantea desafíos que debemos abordar con determinación. Requiere de un cambio profundo en nuestra sociedad, donde superemos los prejuicios y reconozcamos el valor de todas las personas, especialmente aquellas que son dependientes. Debemos trabajar juntos para construir una economía inclusiva que promueva un trabajo digno y valore la colaboración y la solidaridad. Al hacerlo, estaremos construyendo un mejor Chile para todas y todos.
Josaphat Jarpa
Director de Programa
Fundación Crescendo