El impacto social de las Iglesias y sus asociaciones sin fines de lucro va mucho más allá de su misión espiritual o benéfica. Por lo mismo, en el marco de la legislación chilena sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, a menudo surge una doble pregunta: ¿deben las entidades religiosas, a través de sus distintas corporaciones y fundaciones, cumplir con esta ley, y cómo se alinean las Iglesias con los principios de igualdad de oportunidades?
La Ley N.º 21.015 establece claramente que las empresas con 100 o más trabajadores deben destinar al menos el 1% de sus puestos laborales para personas con discapacidad. Pero ¿cómo se aplican estas disposiciones a las Iglesias y a sus corporaciones y fundaciones? La Dirección del Trabajo ha emitido un importante pronunciamiento jurídico que analiza el alcance de la interpretación legal del concepto de empresa y su aplicación a personas jurídicas de Derecho privado sin fines de lucro.
Consulta aquí el documento con el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo
El análisis jurídico del Servicio destaca la amplitud del concepto de empresa, que va más allá de la búsqueda de fines económicos. La interpretación incluye organizaciones con objetivos sociales, culturales o benéficos. Este enfoque amplio plantea desafíos y oportunidades para Iglesias y sus asociaciones sin fines de lucro en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La cuestión va más allá de cumplir con una obligación legal. Se trata de alinear las prácticas laborales con los valores fundamentales de estas entidades. La inclusión no solo se convierte en una obligación legal, sino también en una expresión tangible de los principios de igualdad y respeto hacia todos los miembros de la sociedad.
Atendido el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo es esencial reflexionar acerca del impacto y las implicaciones de este análisis. ¿Cómo han respondido las Iglesias y sus corporaciones y fundaciones a este desafío legal y social? ¿Se ha traducido en cambios concretos en sus prácticas laborales? El pronunciamiento plantea desafíos prácticos que enfrentan las Iglesias y entidades religiosas en la implementación de medidas inclusivas y destaca las oportunidades que se presentan al ser agentes de cambio en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Conclusión:
La inclusión laboral no es solo una obligación legal; es una oportunidad para que las iglesias y organizaciones sin fines de lucro demuestren su compromiso con los valores de igualdad y diversidad. Este artículo invita a la reflexión sobre cómo estas entidades pueden liderar el camino hacia una sociedad más inclusiva y justa, cumpliendo no solo con la ley, sino también con su misión fundamental de servir a la comunidad.